21 de abril de 2014

INRAESTRUCTURA - VIVIENDAS Y ¿…LA DÉCADA GANADA?


EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL.-


El déficit habitacional en la República Argentina, es un problema estructural que debe ser atacado sistemáticamente, vertebrando políticas habitacionales con políticas de redistribución poblacional y desarrollo del interior del país. 

Según el censo del año 2010, el déficit es de 3.386.606 viviendas.- 2.145.224 habitan viviendas que no son aptas y requieren una nueva vivienda.-

Los argentinos que viven en una vivienda apta, pero necesitan ampliarla o refaccionarlas son 1.241.382 hogares.-

En síntesis: de un total de 12.171.675 hogares en el país, el 28% tiene problemas de vivienda.- Del total de viviendas particulares y colectivas, 2.494.618 están desocupadas, estos un 18% y en cuanto a los hogares que se alquilan son casi 2.000.000.-

El tercer aspecto que debemos tener en cuenta es la dificultad en el acceso a la tierra, por falta de políticas que intervengan en el mercado y promuevan la recuperación de tierras para fines sociales, promoviendo, a través de ellas la redistribución de población y el desarrollo del interior.-

El órgano nacional que debe ocuparse del problema de la vivienda, es el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Este fondo se constituía con el 42% del impuesto a los combustibles líquidos. Este gobierno redujo al 33,18% del impuesto. Este organismo aportaba el 70% de las viviendas sociales que se construían en el país, hoy aporta el 15%. Durante los 30 años de democracia, la cantidad de viviendas terminadas por el FONAVI, han ido decayendo de 40.743 en el año 1983 a 6.280 en el año 2011.-

Hoy existen una cantidad de programas de viviendas, financiados con fondos incorporados al presupuesto nacional, que van por fuera del FONAVI y a los que últimamente se les incorporó el financiamiento con fondos del ANSES, es decir de los jubilados.

Con esta metodología se han centralizado en el Poder Ejecutivo Nacional el otorgamiento de financiamiento para viviendas, tanto para las provincias, que así pierden autonomía, como la ejecución de las obras para Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como la otorgada a Madres de Plaza de Mayo, que les confiaron a los hermanos Schoklender y que hoy esta siendo tratado por la justicia por malversación de fondos públicos.

Este manejo discrecional del gobierno nacional, lo hace imprevisible por carecer de un marco legal, porque la relación entre la Nación y las provincias se lleva adelante mediante convenios por fuera de la única ley vigente, la 24.464. De esta manera se convalida un modelo altamente centralizado, discrecional y disciplinador de gobernadores e intendentes.-

Últimamente se ha puesto en marcha el PRO.CRE.AR. Programa de Crédito del Bicentenario para la vivienda única familiar. Se trata de una línea para la construcción, ampliación y refacción de viviendas. Este programa es reivindicable en líneas generales porque los recursos se le entregan a los interesados, previa certificación del avance de obra. Lo observable es que vuelven a disponer de los fondos de los jubilados porque se implementan con fondos del ANSES.

Algunas propuestas elaboradas por la senadora Montero (UCR-Mendoza) y su asesora, ingeniera, Amalia Monserrat,  sobre las que deberíamos trabajar en un futuro gobierno, son las siguientes: 
  • Debe recuperarse la previsibilidad y la confianza y para ello deberían definirse políticas y programas, que sean ejecutados entre La Nación; las provincias y los municipios, aplicando la ley vigente y recursos presupuestarios que deberían asignarse automáticamente a las provincias y estas a sus municipios, acorde con las políticas de redistribución poblacional, desarrollo del interior y déficit habitacional.-
  • Solicitar financiamientos internacionales para atacar el déficit habitacional.-
  • Promover la cultura del pago de las viviendas sociales, por parte de los beneficiarios, para fortalecer los programas.
  • Promover el ahorro previo, garantizado por el Estado la intangibilidad de los fondos a través de un sistema de actualización del ahorro y créditos.
  • Facilitar el acceso a la tierra. Garantía de transparencia en la asignación de viviendas.
  • Régimen de incentivos fiscales para reducir los precios de los insumos de la construcción.
  • Régimen de subsidios y créditos de fomento para el desarrollo de tecnologías que abaraten los costos de construcción.
  • Planificación de aumento de producción de insumos para la construcción.
  • Profundizar el control de las gestiones provinciales.
Estas son algunas de las iniciativas que a nuestro criterio deben ser consideradas para abordar con seriedad este problema estructural de la vivienda.-
                                                                      
 JUAN JOSÉ CAVALLARI
  Diputado (m.c.)